Con la crisis disminuye el número de personas en prisión
Barómetro Social de España

Las estadísticas registran un descenso de los delitos y los pleitos judiciales, a lo que se une en los últimos dos años una reducción del 7,4% de la población reclusa, fenómeno éste que se atribuye a una menor presión sobre los pequeños traficantes de droga y a la devolución a su país de presos extranjeros.

Los índices de quebrantamiento de la ley, expresados en la tasa de delitos conocidos, disminuyen continuamente desde el año 2000: 6,6 puntos durante los años de crecimiento económico (de 48,3 hasta 41,7 por mil habitantes en 2007) y otros 6,4 durante la crisis (hasta 35,3 en 2011). Por tanto, el deterioro de la situación socioeconómica no se ha traducido en un incremento de los delitos; al contrario, en 2011 se registró la tasa más baja de la serie iniciada en 1994.

Sin embargo, entre 2002 y 2009 la reducción de la delincuencia fue acompañada por un importante incremento de las personas en prisión, que pasaron del 12,1 al 16,3 por diez mil habitantes. Este aumento de la población reclusa configuró un modelo de sociedad punitiva, por comparación al contexto europeo en el que España presenta las más bajas tasas de delincuencia y las más altas de personas en prisión. Esta dinámica obedeció a la pretensión de los sucesivos gobiernos de afrontar la conflictividad social a golpe de reformas –a cual más “castigadora”- del Código penal.

Pero en los dos últimos años se registra un cambio de tendencia: la tasa de población reclusa ha descendido 0,6 puntos en 2010 y 0,8 en 2011, hasta situarse en 14,9 personas presas por diez mil habitantes. Este giro obedece fundamentalmente a una reducción de los presos preventivos (detenidos pendientes de resolución judicial) cuyo porcentaje respecto al total ha caído de 24,6% en 2008 a 17,2% en 2011.  Dos son las causas principales de este proceso de “desencarcelamiento”, según el sindicato de funcionarios de prisiones ACAIP: por un lado, la reforma del Código Penal de 2010, que suavizó la pena a los pequeños traficantes de drogas; por otro, los presos extranjeros que se han acogido a la posibilidad de conmutar sus penas a cambio de abandonar España (más de la mitad de quienes han abandonado las prisiones, por una u otra causa, eran internos foráneos).

Tasa de delitos conocidos y de personas en prisión (1994-2011)

Fuente: Elaboración de Colectivo Ioé a partir de las estadísticas del Ministerio del Interior.

En definitiva, los años de crisis han aflojado la curva ascendente de población en prisiones a través de una menor presión sobre la pequeña delincuencia y la “exportación” de presos extranjeros. Estamos, al parecer, ante otra vía de recorte de gastos estatales más que ante un replanteamiento de la línea punitiva desarrollada desde comienzos de siglo.

Por otra parte, la población inmigrante en situación irregular se redujo drásticamente entre 2007 y 2012, pasando del 41,7 al 8,1%, lo que disminuyó su riesgo de detención y de entrada en prisión o en centros de internamiento (CIEs). Esta tendencia obedece a dos tipos de causas: en primer lugar, las políticas de regularización y arraigo implementadas por el gobierno del PSOE a partir de 2005; en segundo lugar, la destrucción de empleo en España a raíz de la crisis que ha afectado mucho más a la población foránea que a la autóctona y ha detenido el flujo de inmigrantes, tal como demuestra un reciente estudio promovido por la Organización Internacional de las Migraciones.

Disminuyen los pleitos y los retrasos en los juzgados

La tasa de litigiosidad (asuntos ingresados en tribunales respecto al total de población) creció continuamente hasta 2009. Esta tendencia muestra cómo el crecimiento económico se vio acompañado de una creciente judicialización de los conflictos sociales. En cambio, el desarrollo de la crisis ha supuesto un descenso de la litigiosidad (de 205 por mil habitantes en 2009 a 192 en 2011), que también se ha traducido en una reducción de los asuntos pendientes (mejora de las tasas de pendencia y congestión judicial)

Aunque los pleitos permanecen aún por encima de los registrados en 2007, el giro de los últimos años sugiere dos posibles hipótesis: o bien la crisis disminuye la conflictividad o bien existen menos recursos para acudir a tribunales. A favor de este último argumento pueden mencionarse las crecientes restricciones para acceder a la justicia gratuita y las dificultades económicas de buena parte de la población que no puede permitirse gastos no imprescindibles.

La desconfianza en los jueces contrasta con la buena imagen de la policía

La confianza de la opinión pública en el poder judicial sufrió un importante deterioro entre 2006 y 2008, al final del ciclo expansivo (de 48,6 a 41,1 en la escala de 0 a 100), y se ha seguido deteriorando ligeramente durante la crisis (40 en 2011). Con toda probabilidad este se debe a la extendida percepción de que el sistema judicial no trata por igual a débiles y poderosos, especialmente en esta época de dura lucha por la apropiación de recursos. El caso paradigmático es el de los desahucios y lanzamientos que están llegando a cifras alarmantes en 2012.

En contraposición a la mala imagen de los jueces, las encuestas del Centro de Investigaciones Sociológicas muestran que dos tercios de la población confían en la policía. Aunque la valoración se deterioró algo entre 2007 y 2009 (de 64,2 a 60,4), se recuperó en los dos años siguientes (62,3 en 2011). A tenor de estas cifras, la mayoría de la sociedad no percibe a los cuerpos policiales como represores ni como guardianes de un orden injusto; la mejora experimentada en 2010 y 2011 indica que la crisis no ha cuestionado su legitimidad.

 

Para una visión completa de la evolución de los indicadores de Seguridad y Justicia ver

https://barometrosocial.es/seguridad-y-justicia/

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